El espacio escogido para el proyecto fue un antiguo predio de más de 150 hectáreas, perteneciente al antiguo fundo San Luis, y que luego fue expropiado por la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) en 1967. Allí se proyectó un núcleo urbano, político y administrativo para más de 70.000 habitantes de estratos económicos medios y altos, para descongestionar el centro de Santiago (Rosas, 1998; Murphy, 2022). “Una ciudad dentro de la ciudad”, son edificios escalonados, espacios públicos integrados y armónicos, diseñados por el arquitecto y urbanista Miguel Eyquem, Premio Nacional de Urbanismo 1971 (Vicuña e Hidalgo, 2014).

Sin embargo, tras el triunfo de la Unidad Popular en 1970, el proyecto cambiaría de rumbo, según Lawner: “Un proyecto de tal naturaleza resultaba antagónico con el programa del gobierno de Allende, decidido a otorgar prioridad a los sectores de más bajos ingresos, cuyas demandas habitacionales habían quedado sin respuesta en los gobiernos anteriores.” (Lawner, 2007). “¿Por qué los pobres no podían vivir en una comuna acomodada si tenían sus trabajos ahí?” (Toro, 2014).

Así, buscando enfrentar la segregación espacial de Santiago, y crear con ello una ciudad integrada, la construcción del proyecto habitacional comenzó en 1971. Mil treinta y ocho viviendas, en bloques de hormigón armado de cuatro y cinco pisos de altura, cuyos primeros doscientos cincuenta departamentos serían entregados menos de un año después, en 1972. Los beneficiados serían familias pobladoras, que no solo cumplieron con los pagos que CORHABIT exigía para otorgar la propiedad de los inmuebles, sino que también participaron activamente de la etapa final de su construcción. Decenas de relatos dan cuenta de la importancia que tuvo este hito para sus vidas: “muchos lloraban al recibir las llaves de su nuevo departamento” (Romero & Santibáñez, 2022, pág. 26). Por petición de sus nuevos habitantes, renombraron la Villa como Conjunto Habitacional Compañero Ministro Carlos Cortés, en honor al ministro que promovió y firmó las pre asignaciones de las viviendas, y que había fallecido unos meses antes de verlas terminadas (Bianchini & Pulgar, 2008).

El proyecto urbano-arquitectónico no solo fue un referente para el urbanismo chileno, sino que también continental, basado en el criterio de integración social. Quienes allí vivieron, recuerdan esos años como los mejores de sus vidas. Hombres y mujeres tenían trabajo, y niños y niñas jugaban en las hectáreas de parques y jardines que rodeaban sus departamentos. “Todos éramos familiares -relata Jimena Salinas, entonces una niña-. Para mí, todos los chiquillos con los que jugaba en ese tiempo eran mis amigos y hermanos. Todos los adultos eran, para mí, los tíos. Nos decíamos primos, hermanos y amigos” (Romero & Santibáñez, 2022, págs. 35-36).

Sin embargo, la historia de la Villa San Luis de Las Condes cambió abruptamente con el golpe de Estado de 1973.Desde las ventanas de sus departamentos, en un Santiago sin rascacielos, muchos de las y los pobladores vieron pasar los Hawker Hunter y luego divisaron el humo negro que se levantó en La Moneda. Entre las celebraciones de vecinosde alrededor de la Villa: “los pobladores de San Luis se transformaron en parias”, acusados de delincuentes y terroristas (Romero & Santibáñez, 2022). El mismo día del golpe, la Villa fue cercada, los departamentos allanados, los varones obligados a estar en el espacio público y, en algunos casos, trasladados en calidad de detenidos a recintos secretos, donde sufrieron prisión política y tortura. Desde entonces, vivir en la Villa se tornó difícil: las familias pobladoras fueron sometidas a un constante acoso, y con vigilancia de por medio, debieron sobrevivir en un contexto de acusaciones de extremismo e ilegalidad (Álvarez, 2024).

En diferentes momentos de 1976, 1978 y 1980, el Conjunto Habitacional Compañero Ministro Carlos Cortés –renombrada entonces Villa San Luis, para dejar atrás el nombre del ex ministro de Allende– fue desalojada y erradicada en varias ocasiones. Bajo la justificación de que los edificios estaban ocupados ilegalmente, el Ejército allanó y erradicó a sus habitantes a diversos puntos de la periferia de la ciudad, y cedió los departamentos a familias de suboficiales del ejército (Bianchini & Pulgar). En los relatos recabados en diferentes publicaciones se expresa lo duro que fue la experiencia del desalojo y erradicación, realizado en horas de la madrugada y con gran violencia (El Mercurio, 1979; Revista Ercilla, 1979; Revista Hoy, 1979). Se golpeó y atemorizó a hombres, mujeres y niños; se rompieron sus pertenencias, y entre gritos, se les sacó de sus hogares para trasladarlos, en camiones de basura y municipales, a diferentes zonas de la capital, inclusive a sitios baldíos (Bustos, 2023; Álvarez et al, 2024). Se les alejó de sus raíces, se les separó de sus familias y amigos; hubo muchos que nunca volvieron a verse (Romero & Santibáñez, 2022).

Los testimonios de sus ex habitantes dan cuenta que el trauma que generó el despojo no terminó ahí, sino que continuó una vez llegados a los lugares en que se les desplazo. Las viviendas a las que fueron confinados no tenían condiciones dignas, e incluso hasta hoy no poseen títulos de propiedad En las poblaciones a las que se vieron obligados a vivir, nuevamente eran parias, sus nuevos vecinos no entendían por qué habían llegado ahí, y los tildaban de “comunistas” y “delincuentes”. Niñas y niños debieron cambiarse de colegio, lo que generó grandes dificultades en sus trayectorias educacionales.

Algo similar ocurrió con las y los trabajadores que no solo debieron luchar por no perder sus trabajos, trasladándose a diario por varias horas (Bustos, 2023; Álvarez et al, 2024) sino que producto de lo mismo perdieron cercanía con sus familias o debieron buscarotros empleos o ajustarse a trabajos deficitarios como el Programa de empleo mínimo o para jefes de hogar, conocido como PEM y POJH.

Pasaron los años y, a mediados de 1990, el entorno en que se había diseñado la Villa San Luis había cambiado considerablemente. Las Condes se transformaba en un importante centro de negocios y oficinas y, en los terrenos del otrora fundo, se había levantado uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Múltiples inmobiliarias buscaban nuevos terrenos para construir, y aquellos que conformaban la Villa San Luis despertaron gran interés. Por ello, no fue raro cuando en 1996, el Ejército –al que el general Pinochet, en las últimas horas de su régimen, había traspasado el dominio de dichos terrenos– los loteó y vendió por una alta suma de dinero, en lo que la prensa de la época calificó como el mayor proyecto inmobiliario de Chile (Revista Capital, 1997; Bianchini & Pulgar, 2008; La Nación, 2009).

Con ello vino una nueva ola de desalojos, demoliciones y ventas, que tiene versiones recientes, al menos hasta el año 2019 (Herman, 2020; Álvarez, 2024). Pero también una nueva lucha de los ahora ex pobladores, quienes comenzaron a organizarse en busca de una reparación por lo vivido. Interpusieron demandas judiciales y recursos de protección, que buscaron frenar las construcciones hasta que no se dictara sentencia, y recurrieron al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para declarar la Villa -o lo que quedaba de ella– como Monumento Histórico, lo que ocurrió en 2017 (Decreto n°135). En paralelo, la colectividad que los agrupa, la Fundación de Desalojados Villa San Luis (FDVSL), interpuso en enero de 2023, una querella en contra del Estado de Chile por violación a los derechos humanos.

El año 2019, el CMN aprobó la realización de un museo-memorial que, entre sus objetivos, tiene a bien narrar la historia de lo que fuera este enclave urbano: una historia que exponga sobre los orígenes y transcurso de las familias pobladoras, de aquellos que le dieron vida a uno de los proyectos de vivienda e integración social, arquitectónico y urbano más emblemáticos del siglo XX. Lo anterior, hace que el museo-memorial tenga características excepcionales porque será un museo de sitio dedicado a la memoria de las y los ex pobladores de la comuna de Las Condes (Decreto n°135), que recuerda una política de Estado ligada a los desalojos y erradicaciones forzadas y que reivindica la relevancia de lademocracia y el irrestricto respeto por los derechos humanos.

Para el Premio Nacional de Arquitectura 2019, Miguel Lawner, el museo-memorial no solo da cuenta de un proceso ilegítimo, sino que es una oportunidad para Chile y las y los ciudadanos del mundo de cavilar cobre lo acecido y entender, entre otras tantas cosas, que los procesos de desalojo y erradicación son:

“Otra de las innumerables violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura, afectando en este caso a un grupo de 5.000 personas, cuyo único delito fue obtener su vivienda en un terreno supuestamente reservado solo para familias de altos ingresos […]” (Lawner, 2007, pág. 8).